ESTE es un país de imbéciles. Cuatro policías antidisturbios han sido imputados por detener, en Madrid, entre los indignados, a un hondureño violento, con antecedentes por robo, al que trincaron reventando con una navaja las cuatro ruedas de un furgón.

El juez que entiende el caso, o la jueza, vaya usted a saber, puso en libertad al delincuente, aunque con cargos, pero imputó a los policías, que tuvieron que emplearse a fondo para detener al lebranche hondureño, que al parecer opuso mucha resistencia y se negó a declarar.

Esto no pasa sino en España, y naturalmente en Canarias, donde los jueces están todos cortados por la misma tijera. No es la primera vez que los agentes de la ley tienen problemas judiciales por cumplir con su trabajo y los insociales salen de los juzgados como Pedro por su casa. No tenemos remedio y nunca solucionaremos el profundo problema de imbecilidad crónica que sufre este país.

El hondureño, que tiene antecedentes de robo con violencia, denunció a los agentes, acusándolos de haberlo agredido. Y un juez de Instrucción de Madrid cree a este individuo e imputa a los policías, que tendrán que acudir al juzgado con abogados, a prestar declaración. El estamento policial está que trina. Y no es para menos.

Lo de Londres puede servir de ejemplo a España. Casi queman la capital entera y ha tenido el premier Cameron que ordenar que 16.000 agentes custodien la ciudad. Se les ha ido de las manos la cosa a los dirigentes británicos. En Madrid puede ocurrir lo mismo desde que alguien encienda la mecha. Es verdad que la represión policial indiscriminada es deleznable, pero tampoco se puede permitir que un puñado de ociosos y aprovechados -entre alguna gente sincera- se apoderen de una ciudad, impidan a los comerciantes abrir sus tiendas, espanten a los clientes y tomen la calle. La calle es de todos, no de ellos solos.

Lo de la imputación a los cuatro policías antidisturbios es un síntoma preocupante de cómo funciona la justicia en España. Creen al malo, al violento, y cuestionan al que actúa en nombre de la ley. Sabemos que los jueces tienen que escuchar a todas las partes, pero, ¿hace falta imputarlos? Y a los que dicen que es conveniente la imputación para poder defenderse, responderles que no queremos escuchar tremenda memez. Para eso están los testigos, para testificar. Imputar a quienes cumplen con su trabajo es restar moral a las fuerzas de seguridad. En este país siempre pasamos de cero al infinito; de la represión a la represión al revés. No tenemos remedio, ni mesura, ni medida, ni sentido común, ni nada. Somos un país de imbéciles, en suma.