Anatomía de una manifestación / Demonstrations anatomy.
Extraído de El País.com del 22/11/2009
Si un madrileño se lo propusiera, podría acudir a cuatro manifestaciones al día. No todas, claro, tan concurridas como la de agricultores y ganaderos de ayer. La capital es el gran manifestódromo al que acuden personas llegadas de todas las regiones para expresar su malestar, y su número crece año a año. Detrás de todas estas protestas hay un largo proceso, a veces con intervención judicial.
El derecho de manifestación, con el que los madrileños conviven a diario por su condición de habitantes de la capital del Estado, está recogido en el artículo 21 de la Constitución. Tras el parón de la dictadura y la represión de la policía franquista, fue uno de los primeros derechos fundamentales en ser regulados por ley. Ese procedimiento, que vio la luz en 1983, no ha cambiado desde entonces. “Antes de ver si nos queremos manifestar comprobamos si realmente hay un motivo y si vamos a tener éxito de gente”, asegura el secretario de Organización de CC OO en Madrid, Paco Cruz, que lleva a sus espaldas la preparación de más de 300 concentraciones.
Lo primero que debe hacer quien convoca la manifestación es presentar un escrito en la Delegación del Gobierno en Madrid con varios requisitos, entre un mes y 10 días antes.”La gente está muy confundida. Cree que la Delegación del Gobierno tiene que autorizar la manifestación, pero no es así. Lo que debe hacer el particular es comunicarlo”, afirma un mando policial. En el escrito de información deben constar los datos del solicitante o de la entidad que lo haga, el día de la manifestación, el recorrido por la ciudad y la duración aproximada, junto con una previsión de asistencia. El plazo es riguroso: un máximo de 30 días y un mínimo de 10. La excepción son las urgentes (por ejemplo, por atentados), que se convocan en 24 horas.
No tan riguroso, por cierto, cuando se permite utilizar la comunicación urgente para reivindicaciones laborales comunes como ocurre al menos en algún lugar de mi conocimiento.
El trabajo previo empieza en ese momento. La Delegación del Gobierno envía la propuesta de manifestación a la Policía Municipal de la localidad. Tiene un plazo de un día para dar el visto bueno o plantear objeciones. Pueden ser de muy diversa índole: desde que existan actos previstos en el mismo lugar, que las calles estén cortadas, que ya haya otras concentraciones en la zona, que esté previsto el paso de alguna personalidad… Y así un largo etcétera. Una de las cosas que más se mira es que no haya que cortar muchas líneas de la EMT.
Si la Policía Municipal no emite el informe, se da por entendido que no hay ninguna objeción y que da el visto bueno a lo que plantean los convocantes de la manifestación.
Hasta julio de este año, la región ha vivido cerca de un millar de manifestaciones y concentraciones. Con las importantes, hay una reunión en la Delegación del Gobierno en la que participan quienes convocan, el Cuerpo Nacional de Policía, la Policía Municipal y representantes de la propia delegación. El recorrido por la ciudad se observa con lupa y se mira, por ejemplo, si existen itinerarios alternativos y si el horario es el más adecuado. En caso de posibles mejoras, se pactan con los convocantes. “Se les propone el cambio, porque no se les puede imponer. Generalmente impera el sentido común para no causar muchas molestias”, señalan fuentes policiales. En esa reunión debe quedar claro el recorrido, la duración y las variaciones que puedan darse.
En este encuentro también se pacta la seguridad que corre a cargo de los manifestantes. Varía en función de los asistentes. Algunos manuales de seguridad fijan un mínimo de vigilantes en el 10% de la previsión de manifestantes, pero esa cifra resulta alta en marchas muy grandes. “Para nosotros, grandes manifestaciones ya es cuando pasan de un millar de personas. Si hay más ceros, ya hablamos de macromanifestaciones”, añade un responsable de Seguridad Ciudadana.
“Cuando viene gente de fuera de Madrid hay que disponer aparcamientos para los autocares. La Castellana suele ser un buen estacionamiento los fines de semana”, dice un responsable de la Policía Municipal de Madrid.
La preparación aún no ha terminado. Si al final de la marcha hay un concierto o un escenario, aún hay más trabajo. “Pedimos permiso al Ayuntamiento para que nos autorice la ocupación de la vía pública, en la acera o la calzada. Además, le pedimos la colocación de pancartas o estandartes en las farolas, pero sin vulnerar la ordenanza de Medio Ambiente”, explica Paco Cruz.
El día de la manifestación suele haber un gran despliegue de policías. Éstos acuden antes a la zona para reconocerla. Después, se colocan abriendo y cerrando la marcha. Otras veces están en las calles aledañas. Así evitan cualquier posible provocación hacia los manifestantes. Si van autoridades, el control del lugar es aún más exhaustivo. Los agentes de Subsuelo controlan las alcantarillas y los colectores de la zona, mientras los perros policías olfatean el área en busca de explosivos. En las grandes concentraciones, la Jefatura Superior de Policía monta un gabinete de crisis con varios responsables junto a la sala del 091. Éstos reciben en tiempo real las imágenes que les transmiten desde el helicóptero.
¿Existen reglas para vigilar una manifestación? Varios mandos policiales reconocen que no. Es mucho más peligrosa una concentración de ultraizquierda o de ultraderecha de unas 500 personas que una marcha multitudinaria de jubilados, por ejemplo. A veces se dan situaciones en que en pocas calles se manifiestan grupos de ideología contraria, lo que puede acabar en graves disturbios.
Un punto clave es la presencia de negociadores o delegados gubernativos que sirven de enlace entre los manifestantes y la policía. Se encargan de recordarles el recorrido, valorar las posibles variaciones e incluso atender las necesidades de los organizadores. “Es el tipo caso de poli bueno y poli malo”, reconoce un experto policial en manifestaciones. “Lo que mejor funciona es incrementar la presencia policial disuasoria junto a los manifestantes y contar con un gran despliegue en las cercanías”, asegura este mando.
Aunque el número varía, a una manifestación de 1.000 personas suelen ir unos 50 antidisturbios, que pueden ser reforzados por más agentes, sobre todo, por los alazanes (motoristas).
Algo que desconocen muchos convocantes es que también hay sanciones, con multas de cuantía muy alta. Si 20 personas o más se concentran en un lugar, se considera manifestación y al no estar comunicada a la Delegación del Gobierno puede ser motivo de sanción. El mínimo es de 3.000 euros, pero puede duplicarse. Es lo que pretende, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid con los policías municipales que se congregaron una noche ante la casa del alcalde. Sus nombres han sido remitidos a la delegación para que les sancione. Aún no hay resolución.
¿Se puede limitar el derecho de manifestación en Madrid para que no sea foco de tanta protesta? Con la ley en la mano, no. Ésta fija que una concentración solicitada en tiempo y forma y que no vaya contra la ley no puede denegarse. Y así lo ha recordado en más de una ocasión la delegada del Gobierno, Amparo Valcarce. “No autorizaré ninguna manifestación que vulnere la normativa. Lo tengo absolutamente claro, tolerancia cero hacia manifestaciones que vulneren la convivencia”, señaló en una entrevista en EL PAÍS. Hasta el 31 de julio, la delegación ya había prohibido 34.
